lunes, 11 de julio de 2016

Mercenarios en el siglo XXI (II)

Sobre los mercenarios del siglo XXI, los combatientes que están fuera de la ley 

Imagen de mercenarios del siglo XXI
Del mismo modo que los ejércitos convencionales se ven envueltos en incidentes poco claros con la población civil, también estos contratistas se ven involucrados en diversos y más sonados escándalos causados por sus dudosas actuaciones. Veamos en detalle algunas de estas controversias:

Entre los años 1991 y 2001, se conoce la presencia de mercenarios en el conflicto de la antigua Yugoslavia. Muchos de ellos son ex-soldados procedentes de los países del antiguo bloque soviético, desempleados tras la caída de la URSS. Dyn Corp se ve implicada en 1999 en un escándalo relacionado con el tráfico de armas y personas en la misma zona.

Entre 1994 y 1995 la empresa sudafricana Executive Outcomes opera en diversos conflictos en África. Su capacidad bélica, así como su entrenamiento de tropas gubernamentales, son considerados muy exitosos, a pesar de servir a gobiernos corruptos denunciados en repetidas ocasiones por sus vulneraciones de los Derechos Humanos.

En 1998, unas presuntas unidades de las FARC son atacadas por helicópteros, con el resultado de 18 muertes civiles, siete de ellos niños. El FBI confirma la utilización de una bomba de racimo estadounidense y que los objetivos de esta operación habían sido establecidos por la contratista AirScan. La investigación se frena porque al video de la misión le falta la pista sonora y un testigo es asesinado.

Durante la catástrofe producida por el huracán Katrina en 2005, el Departamento de Seguridad Nacional norteamericano recurre a Academi para proporcionar protección y seguridad a los distintos entes gubernamentales presentes en la zona. Muchos los ciudadanos de Nueva Orleáns y Lousiana se enfrentan a los mercenarios por excederse en sus límites legales.

En Irak, entre 2003 y 2007, son varias las ocasiones en las que las empresas privadas son fuente de polémica: miembros de CACI y Titan Corp son acusados de torturas y vejaciones en la prisión de Abu Ghraib; cuatro miembros de la aún llamada Blackwater son asesinados, mutilados y sus cadáveres calcinados en Faluya como venganza por parte de la población civil a causa de sus actuaciones; un vídeo hecho público en 2005 muestra a mercenarios de Aegis disparando indiscriminadamente a civiles al son de música de Elvis; en 2007, el gobierno iraquí retira la licencia de operaciones a Blackwater mientras se investiga un episodio de uso desproporcionado de fuerza, que tiene como resultado la muerte de 17 civiles; para contribuir al malestar, el Departamento de Estado de Estados Unidos no solo renueva la licencia al contratista sino que, además, un juez federal retira todos los cargos a los imputados.

Cabe destacar que, tras este incidente, el Departamento de Estado emprende una investigación para esclarecer los hechos; sin embargo, según unos documentos recientemente revelados por el propio departamento y el periódico The New York Times, esta termina cuando los empleados de la embajada estadounidense en Bagdad se niegan a cooperar y el jefe de la investigación recibe amenazas de muerte por parte de unos de los jefes de Blackwater. Según el experto en relaciones internacionales Marco Terranova esto se explica de la siguiente manera: «Hay que tener en cuenta que Blackwater pertenece a la infraestructura del gobierno norteamericano, entonces no interesa que se sepan los vínculos tan fuertes y poderosos que pueden haber entre el estado, sus distintas agencias y organismos y estas empresas mercenarias».

En 2014 el diario Bild am Sonntag informa que, según el Servicio de Inteligencia Federal alemán y el Ministerio de Defensa ruso, junto al ejército y el cuerpo de policía de Ucrania operan unos 400 miembros de Academi en acciones contra los partidarios de la Federación Rusa en la ciudad de Slaviansk, aunque no queda claro quién los ha contratado. Para terminar, los periódicos Folha de Sâo Paulo y The Nation testimonian que Academi es la empresa encargada de entrenar y apoyar logísticamente a las fuerzas de seguridad de Brasil -con más de 170.000 efectivos-, de cara al Mundial de fútbol y los próximos Juegos Olímpicos de 2016, en previsión de una respuesta hostil por parte de la ciudadanía.

No deben, pues, sorprendernos las declaraciones que en 2005 hace sobre los mercenarios el brigadier general Karl Horst en el Washington Post: «Estos tipos andan sueltos haciendo cosas estúpidas. No hay ninguna autoridad sobre ellos».

A pesar de la tolerancia de algunos estados hacia los mercenarios, los hay que impiden explícitamente a sus ciudadanos servir como tales, así como que estas empresas sirvan de apoyo a sus fuerzas militares. Por ejemplo, Francia criminaliza las actividades mercenarias y las define en los mismos términos que la Convención de Ginebra; Sudáfrica aprueba, en 1998, el Acta sobre asistencia militar extranjera, en la que prohíbe a sus ciudadanos y residentes involucrarse en conflictos ajenos, a excepción de intervenciones por fines humanitarios; Suiza termina en 1927 con su larga tradición mercenaria y prohíbe a sus ciudadanos servir en este tipo de cuerpos, a excepción de la Guardia Suiza; por último, y como ejemplo extremo, Estados Unidos establece a través de la Neutrality Act que cualquier ciudadano que sirva como mercenario en un conflicto armado, puede incurrir en responsabilidades penales, aunque solo si Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad en dicho conflicto.

Cabe añadir que, al margen de las compañías privadas, hay individuos que se inmiscuyen en conflictos bélicos, voluntariamente y por su cuenta y riesgo, que argumentan su participación en base a ciertos ideales, sean estos del tipo que sean. La cadena BBC informa que en el conflicto actual en Ucrania, Mikael Skillt, un francotirador con siete años de servicio en el Ejército y la Guardia Nacional sueca, combate con el Batallón Azov, un grupo armado pro ucraniano. Según afirma el propio Skillt, él lucha «para preparar a Ucrania para su expansión, la liberación de la raza blanca y para castigar duramente a los pervertidos homosexuales y a cualquiera que haga que el contacto interracial lleve a la extinción del Poder Blanco. Sería un idiota si no luchara por nuestra supervivencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, los ganadores escribieron su historia. Decidieron que decirlo está mal, pero soy blanco y orgulloso de serlo». Actualmente existe una recompensa por su cabeza de aproximadamente unos 5.000 euros.

¿A qué lleva esto?

Jeremy Black argumenta que a lo largo de la mayor parte de la Historia es difícil separar de manera clara el poder político del militar y que, aún a día de hoy, en ciertos estados es complicado establecer dicha separación. Black ilustra sus palabras citando tres ejemplos actuales: en el Irak de posguerra, la política controla las operaciones militares, pero estas no dejan de ser puntos básicos del estado y su desarrollo; en Burma, los viejos militares son el estado, pues lo controlan y administran; finalmente, en Pakistán e Indonesia los militares gozan de autonomía ante el estado, lo que hace que exista un estado militar junto al estado político, en lugar de ser lo primero parte de lo segundo. Explica también cómo la situación de los estados entre 1450 y 1850 los empuja al uso de mercenarios: la debilidad de los gobiernos ante el reto que plantea la creación de ejércitos regulares, así como la intención de evitar conflictos civiles. Respecto a los soldados de fortuna, en los que incluye a los corsarios, concluye que su éxito se basa en su adiestramiento, que los convierte en valiosos para los estados de cualquier época y que provoca que se tome nota de su profesionalidad, y que se creen los primeros cuerpos de fuerzas especiales dentro de los ejércitos regulares.

Dario Azzellini, publica en el año 2003 El negocio de la guerra, donde ofrece algunas respuestas y muestra algunas inquietudes respecto al uso de contratistas y sus vínculos con los gobiernos y grandes empresas multinacionales.

«En América Latina, desde hace más de 20 años, políticos, ejército, policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares, ejército estadounidense, la DEA, compañías transnacionales y compañías militares privadas, forman constelaciones cambiantes para imponer intereses contra organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo, contra los movimientos insurgentes armados. De Colombia interesa el petróleo y el oro, la biodiversidad, el agua y su posición geoestratégica: único país sudamericano con acceso al Atlántico, al Pacífico y al Amazonas. Además, tiene frontera común con Ecuador y Venezuela, países que por su afán de soberanía no son bien vistos por Estados Unidos.

»Casi todas las empresas petroleras trabajan con contratistas, en Angola o en Colombia; también Repsol en Argentina. Texaco estuvo implicada en la organización de grupos paramilitares en la zona de Puerto Boyacá a partir de 1983. Las empresas multinacionales en la región de Urabá lograron acabar con todo el trabajo sindical en las plantaciones asesinando a más de 400 sindicalistas por medio de paramilitares de fin de 1980 a mediados de 1990. En Colombia hay muchas empresas transnacionales que trabajan con paramilitares: Coca-Cola, Corona Goldfields, Drummond Coal, Nestlé y la Chiquita; esta última ha sido condenada en Estados Unidos por apoyar a paramilitares colombianos.»

Salvando las distancias respecto a los contratistas militares, fijémonos en el caso de la norteamericana Correction Corporation of America, empresa que gestiona prisiones y centros de detención, y que cuenta, además, con sus propias cárceles privadas. Bajo la doctrina de la privatización del sector público y argumentando que la gestión privada resulta mejor que la pública (¿?), diversos estados norteamericanos han contratado los servicios de la CCA. Hasta aquí, nada nuevo bajo el sol: si, por ejemplo, un Ayuntamiento decide privatizar el servicio de recogida de basuras, ¿por qué no privatizar también las prisiones? El problema surge cuando la CCA en lugar de dedicarse a la rehabilitación de presos, se asegura solamente de llenar las cárceles para lucrarse. De nuevo nos encontramos ante un escándalo provocado por las dudosas prácticas de una empresa privada, lo que podría además explicar que Estados Unidos sea el país con mayor población reclusa del mundo. Según un informe del grupo In The Public Interest, la empresa exige a los estados la firma de un contrato que garantiza un 90% de ocupación de las celdas, de modo que si se reduce el número de reclusos, el gobierno debe pagar una compensación a la empresa; una brillante idea de un emprendedor fanático del lema win-win. Además, el FBI investiga los vínculos de esta empresa con algunas mafias, como los Caballeros Arios, así como sobornos a agentes de policía y abogados para entregarles a personas cuya culpabilidad en un crimen es dudosa.

La pregunta es obvia: si esto sucede en el entorno de una empresa que administra prisiones, ¿qué puede llegar a pasar en el entorno de un contratista de mercenarios?

Por último, añadir la reacción de la población civil frente a la guerra. Ya en la Época Moderna y según el testimonio de Guicciardini, en 1530, «solo se veían inacabables escenas de matanzas, saqueos y destrucción de cantidad de pueblos y ciudades, todo ello acompañado por el libertinaje de la tropa, no menos destructiva para los amigos que para el enemigo». Esto, sumado al efecto de las movilizaciones forzadas, la humillación, la carestía y el miedo, así como a las víctimas colaterales, lleva a la desconfianza y el odio de los civiles hacia los ejércitos; por ello los estados se encargan de regular la situación mediante distintas ordenanzas que dejan constancia de las prohibiciones y sanciones que aplican sobre los soldados. Así se facilita que los comandantes eviten fricciones con la población y, a su vez, les permite controlar a sus tropas, mostrando un interés por mantener una buena imagen del ejército. Aún con esta regulación, algunos tratadistas apoyan la política bélica del terror sobre la población civil; por ejemplo en 1558, Ascanio Centorio argumenta que extender el terror, el miedo y el hambre por las zonas de guerra es mejor que cualquier otra arma.

Llegado este punto surge otra pregunta: ¿usar a compañías de mercenarios sirve para expandir esta política de terror, o al menos para ejecutar operaciones moralmente cuestionables, y alejarse así el ejército de la mala imagen? Esto no es nada nuevo: retrocediendo al Imperio Bizantino, es la Guardia Varega, un cuerpo mercenario sin vínculo alguno con la población griega, el más eficaz a la hora de aplastar cualquier rebelión en la zona, desentendiéndose el estado de las consecuencias de sus desmanes; también Napoleón Bonaparte usa a los regimientos extranjeros para las tareas más éticamente deplorables, manteniendo inmaculada la imagen de su Grande Armée.

Actualmente son las empresas militares privadas contratadas por los estados las que, mayoritariamente, son el blanco de escándalos por sus acciones y su conducta. Lo brillante es que la respuesta por parte de los gobiernos es idéntica en todos estos casos: no he sido yo, no han sido los nuestros, investigaremos lo que ha pasado.

No cabe duda que los tratadistas romanos y renacentistas no acertaron del todo en sus teorías: mejor que elegir entre el perro y el lobo es alternar en el uso del perro y el lobo. Mejor aún: alimentar a los lobos y fingir que no tienen nada que ver con quien les da de comer.

Imagen| Wikimedia