El
replanteamiento de la redada hacia un proyecto de “exterminio”
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Recreación de una familia gitana de la época |
Con la llegada de Felipe V
al trono español, se intensificó una
política de vecindarios cerrados, de los que los gitanos sólo podían salir
con licencia de sus justicias. Sin embargo, ya en 1734 se reconoció lo
desacertado de esta estrategia, al juzgarse que había causado “más daño del que
parecía remedio, porque en los lugares donde se establecían eran espías de las
haciendas ajenas, y avisaban unos a otros de las ocasiones de robarlas”, pues
salían de sus domicilios “con pretextos de viajes” y realizaban “en los caminos
y montes, los mismos daños que antes”, siempre al amparo de la impunidad que les otorgaba la inmunidad de
la Iglesia. Una cuestión que desde mucho tiempo atrás se había convertido
en el permanente caballo de batalla entre las jurisdicciones religiosa y
seglar, y que originó la creación en
1721 de la llamada Junta de Gitanos, a fin de hallar una solución a este enquistado
“problema”.